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Todos los esfuerzos que en los últimos meses hizo el gobierno del presidente Ollanta Humala para tratar de mostrarle al país que nada tenía que ver con las oscuras movidas del prófugo Martín Belaunde Lossio, se han ido al agua con la salida a la luz de las cuestionadas reuniones que ha tenido el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Figallo.

En primer lugar están las reuniones del ministro Figallo con tres fiscales a cargo del caso “La Centralita”, que tiene como protagonista al amigo palaciego hoy caído en desgracia. Extraña que a tres días de conocido el hecho, hasta el momento el Ministerio Público no haya salido a explicar el encuentro, que hasta donde se sabe, no fue autorizado por sus máximas autoridades.

Luego tenemos la reunión de Figallo con la procuradora del mismo caso Yeni Vilcatoma, lo cual no tendría nada de extraño si en la reunión no hubiera estado presente el abogado Eduardo Roy Gates, nada menos que el asesor legal del presidente Ollanta Humala. ¿Qué hacía el brazo derecho del Mandatario en materia de leyes interesándose y haciendo preguntas sobre la situación del amigo Belaunde?

El asunto está oliendo muy mal desde hace varios días, en los que además el oficialismo solo se ha preocupado en culpar a “mafias”. Irónico que mientras las dudas son reforzadas por reuniones como las ya conocidas, el humalismo insista en victimizarse y en culpar a la oposición y a la prensa por interesarse en “temas secundarios”, como ha dicho la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Carmen Omonte.

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