Emulando la frase del conocido drama estadounidense de 1993 ¡Liberen a Willy! dirigido por Simon Wincer, muchos ciudadanos estamos francamente indignados con la actitud del fiscal José Domingo Pérez y del juez Victor Zuñiga que, desoyendo la orden fiscal previa de archivamiento definitivo de una investigación por “lavado de activos” seguida en contra del señor Ricardo Briceño, ex presidente de CONFIEP, por no haber indicio alguno que lo impute o condene, persisten en perjudicarlo y someterlo a un suplicio injusto e ilegal.

Según la insólita tesis del fiscal José Domingo Pérez, el señor Briceño cometió “fraude de administración de persona jurídica” en contra de la Confiep y fundamenta esta sorprendente aseveración en declaraciones del señor Barata, ex directivo de la corrupta empresa constructora Odebrechedt, sin valorar la enorme cantidad de pruebas que se le han alcanzado para desmentir este dicho malicioso y sin que Confiep haya declarado jamás que su ex Presidente (ni ningún otro) cometió dicho delito.

El fiscal no denota objetividad sino una evidente y hepática vendetta personal fácilmente comprobable con el caso del señor Ricardo Briceño, quien ha probado hasta la saciedad -con el auxilio de innumerables documentos y hasta una auditoria profesional- el uso claro de fondos lícitos ingresados a las cuentas del gremio empresarial por parte de distintas empresas asociadas a los gremios que conforman Confiep, como corolario de una solicitud de “donaciones” para llevar adelante una larga campaña de comunicación sobre los valores de la inversión privada (que está en sus Estatutos) sin que nada de ello parezca relevante para el fiscal, y a quien más parece entusiasmar la voluntad de perjudicar la imagen intachable de un empresario como Ricardo Briceño al que ha arruinado muchos años de su vida, desperdiciados en una larga defensa de imputaciones injustas y poco sustentadas. Lo cierto de toda esta historia es que no hay fraude alguno contra la persona jurídica de Confiep ni delito alguno cometido por Ricardo Briceño. Bien haría la Corte Superior de Justicia en resolver, con justicia y prontitud, este caso emblemático que podría replicarse en contra de cualquier otro ciudadano inocente en el país.