Nos llegó la noticia de la reciente elección por la Asamblea General de la OEA de Francisco Eguiguren como nuevo miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No hay que olvidar que la CIDH, junto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene competencia para ver los asuntos relativos al cumplimiento de los compromisos asumidos por los Estados Partes en relación a la Convención Americana de Derechos Humanos. Es en este marco jurídico interamericano que girará la actividad forense de Eguiguren. Tendrá que realizar un esfuerzo notable -léase como una exigencia del país- para que en cada una de las relatorías temáticas que existen en la mecánica organizacional de la Comisión se vele por la defensa de los derechos humanos en su exacta dimensión y no con la carga subjetiva con que ha venido actuando en distintas causas que han sido admitidas a trámite en su seno en los últimos tiempos como ha sucedido con las más de 60 contra el Estado peruano aceptadas en febrero de 2015. Me preocupa que hasta ahora no contemos con una defensa con convicción de los intereses del Perú en la CIDH. Si la Comisión fue creada para promover la observancia de los derechos humanos, no resulta imparcial que veamos estos derechos desde una sola porción de la sociedad. Los militares y los policías por el hecho de ser los titulares de la acción coactiva del Estado casi siempre son tildados de violadores de los derechos humanos y esa es una concepción totalmente arbitraria y errada que la doctrina ni la norma jurídica pueden apañar. Los violadores de derechos humanos siempre deben ser objeto de sanción, pero resulta arbitrario imputar responsabilidad a quienes tienen el monopolio de la violencia legítima del Estado fundados en el prejuicio. Eguiguren debe tenerlo muy presente.