Este 28 de julio, la presidenta Dina Boluarte tiene la oportunidad de asumir un compromiso firme: el Perú no puede seguir cediendo terreno a las economías ilegales que destruyen el empleo, corrompen la institucionalidad y amenazan la sostenibilidad del país.
El narcotráfico, la trata de personas, la minería y pesca ilegal, la construcción clandestina de embarcaciones; en general, la ilegalidad reinante son hoy las principales causas de la violencia e inseguridad que sufren millones de peruanos. Combatirlas requiere compromiso político y una estrategia frontal con respaldo internacional. Ésta debe ser una prioridad en el gasto público y cortar tanto gasto corriente que solo ha ido en aumento y que no aporta nada.
Desde el sector pesquero formal, que genera más de 250 mil empleos dinamizando las economías regionales, esperamos un mensaje con medidas concretas, que comprendan erradicar la pesca ilegal, promover la inversión en ciencia, tecnología y formación de una nueva generación de expertos que aprovechen y continúen nutriendo la vasta experiencia acumulada en las últimas décadas con miras al futuro.
Es momento de que el Perú reaccione con decisión. No podemos seguir normalizando el avance de las economías ilegales que erosionan al Estado y despojan de oportunidades a los 33 millones de peruanos. El sector pesquero formal y sostenible representa un modelo de gestión responsable, basado en regulación estricta y evidencia científica y no debe ser debilitado por la indiferencia ni por discursos que relativizan la ilegalidad. Hoy más que nunca, el Perú necesita apostar por una visión de futuro donde la regla sea ser un país formal y productivo, que funciona en beneficio de todos los ciudadanos.
