El panorama con miras a las elecciones de 2026 se ve empañado por la fraudulenta inscripción de organizaciones políticas. En efecto, el creciente número de denuncias sugiere la fabricación masiva de afiliaciones, con suplantación de identidad y la falsificación de firmas de ciudadanos. Esta situación que, aparentemente, se desarrolló ante las narices de las autoridades del sistema electoral (JNE, ONPE y RENIEC), suscita interrogantes sobre la integridad de las autoridades electorales y del proceso en su conjunto.

La falta de credibilidad de los registros partidarios no solo distorsiona la representación política, sino que erosiona la legitimidad del futuro gobierno. La falta de una supervisión por parte de los organismos competentes podría interpretarse como negligencia o, peor aún, como aquiescencia ante prácticas ilegales, lo que demanda una investigación y la implementación de medidas correctivas.

Adicionalmente, la aparente inacción inicial de las autoridades electorales genera dudas sobre su idoneidad para garantizar los comicios.

Finalmente, la eventual participación en el Congreso de partidos cuya inscripción esté bajo investigación por presuntas prácticas ilegales plantea interrogantes sobre la validez de su representación y la legitimidad de sus decisiones. Esta incertidumbre proyecta una sombra sobre el futuro del proceso electoral, evocando preocupantes paralelos con experiencias pasadas donde la falta de transparencia electoral tuvo consecuencias negativas para la gobernabilidad y la estabilidad democrática.