Que el Congreso está envalentonado y legisla de acuerdo a los intereses de las bancadas que están allí sentadas, no es una novedad.
Pero qué intereses puede defender una bancada que, de un plumazo, establece normas que benefician a la delincuencia organizada al cambiar la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado.
Esta norma requería una segunda votación y la han conseguido en la Comisión Permanente, conformada por 30 parlamentarios, en mérito a unas facultades otorgadas por el pleno para legislar durante el receso parlamentario. ¿Es esto legal?, sí. Pero no deja de ser cuestionable que se aprueben normas tan lesivas al ciudadano aduciendo que lo representan.
El Congreso y la mayoría de congresistas pueden seguir repitiendo que son el primer poder del Estado y que no están sujetos a mandato imperativo, pero hay alguien a quien deben rendir cuentas y es al electorado, lo falta que este empiece a exigirlo.
El problema será que esta rendición cuentas vendrá con la elección de la primera persona que sepa capitalizar el hartazgo de la ciudadanía contra las instituciones que la actual representación se ha dedicado a dinamitar. Advertidos estamos.
