La demagógica propuesta del candidato a la Alcaldía de Lima, Daniel Urresti, de arrestar cada día a 200 delincuentes en flagrancia es apenas una muestra de la poca seriedad con que decenas de candidatos se han lanzado en todo el país a captar el voto popular en las elecciones de este domingo.

Muchos de ellos parecen no estar conscientes de las funciones de un burgomaestre, que no tiene comando sobre la Policía Nacional ni los recursos materiales ni legales para cumplir sus funciones. Un alcalde no es ministro ni policía, ni tampoco fiscal o juez para decidir qué hacer con los arrestados.

En muchas provincias y distritos hemos visto situaciones parecidas en que ofrecen miles de puestos de trabajo, autopistas, hospitales y demás. Algunos dicen que acabaran con la pobreza. Sin embargo, es de esperarse que el elector, ese que tantas veces ha sido engañado, esta vez no se deje sorprender con tanta facilidad como en el pasado.

Una buena lectura a las normas que establecen las funciones de los alcaldes, así como una aproximación a los montos que manejan los municipios, sumados a la intención básica de decir a verdad, podría evitar que varios aspirantes terminen haciendo papelones si es que son elegidos.