El sábado último otro chofer de transporte público fue asesinado, esta vez en Carabayllo, por negarse a pagar cupo a delincuentes que a punta de amenazas trataban de quitarle lo suyo. En el Perú se corre el grave riesgo de que situaciones como estas se normalicen, tal como ya sucedió hace muchos años en ciudades como Trujillo o Chiclayo, donde los asesinatos de transportistas son, lamentablemente, parte del paisaje.

Y mientras esto sucede, el gobierno de la presidenta Dina Boluarte sigue sin encontrar el rumbo en la lucha contra la criminalidad. Todo se centra en cambiar ministros del Interior y declarar estados de emergencia que no traen mayores resultados a pesar de los esfuerzos que realizan los buenos efectivos de la Policía Nacional que muchas veces tienen que convivir con colegas que hace tiempo debieron ser echados a la calle.

Pero lo más grave de la lucha contra la criminalidad lo vemos en el Ministerio Público, que hoy en teoría tiene dos autoridades, una nombrada por la Justa de Fiscales Supremos y otra repuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo que ha generado una situación caótica y bochornosa que solo favorece a los criminales que ya de por sí suelen ser “bien tratados” por los fiscales a cargo de sus casos.

Un país asediado por delincuentes merece una respuesta enérgica y oportuna del Estado, pero acá se ve todo lo contrario. Mientras tanto, cada día más peruanos pierden la vida. ¿Quién responde?