¿Qué tan protegidos pueden sentirse los “mineros artesanales” al afirmar, desde la Central Única de Rondas Campesinas, que “ni un gramo de oro saldrá de Pataz”? Las protestas que convulsionan el país tras el cierre del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) confirman que las economías ilegales tienen ramificaciones en todos los niveles del Estado. Menos de 70000 registros activos han bastado para paralizar el país durante dos semanas, sin que se restablezca el orden público.
El REINFO es la raíz del problema. Este mecanismo “temporal” permite que los inscritos operen en un limbo legal y ha sido aprovechado por mafias vinculadas a la minería ilegal, que operan impunemente en zonas dominadas por el crimen ganando millones.El Congreso aprobó prórrogas sucesivas, y el Ejecutivo también lo extendió, convirtiendo un registro temporal en un refugio institucionalizado para evadir la ley.
Pero el tiempo se agota. No quieren perder ese escudo: el presidente de Confemin, Máximo Franco Bequer, amenazó con “hacer correr sangre” y que “va a morir gente”. Ayer ya lo lograron: hubo un fallecido en Chala, Arequipa.Ese es el verdadero drama. A cambio de un registro ineficaz, miles de operadores ilegales han ganado poder, sometido a productores formales y contaminado territorios. La futura Ley MAPE debe exigir formalización real, sin convertirse en un nuevo Reinfo. Ojalá la persona fallecida sea la última víctima de tanta impunidad.
