En estos días de convulsión social se ha puesto bajo la lupa, de manera especial, a la minería ilegal. En las opiniones de varios personajes en los medios, sobre todo de quienes condenan las protestas, se escuchan versiones que apuntan a la presencia de estos mineros ilegales en las sombras y detrás de las manifestaciones. Incluso se dice que son fuente de financiamiento del “terrorismo” que ataca.

Me parece importante que se enfoque este problema de la minería ilegal en esta coyuntura, pues se trata de un asunto que tiene varios años y que ha empezado a tomar forma de crimen organizado. No solo en el sur y centro del Perú, como algunos sugieren por estos días, sino incluso en el norte del país. Por ejemplo, en La Libertad.

Provincias de la sierra liberteña como Pataz y Otuzco, normalmente apacibles en otros tiempos, se han convertido en zonas convulsas, de frecuentes noticias de homicidios. La Policía estima que al menos unas once bandas delictivas de Trujillo han acudido hasta estas zonas andinas para desatar una guerra que ha desangrado a dichas provincias por la posesión del oro y también del carbón. Los empresarios mineros en las sombras los contratan como sicarios o como agentes invasores.

Y esta minería ilegal también mueve la economía de toda la región, en estimaciones que aún están por hacerse, pues en la misma capital de La Libertad hay indicios de dinero mal habido que es investigado aún a cuentagotas por las autoridades.

Se trata, entonces, de negocios ilícitos que contaminan y generan mucho dinero. No son comunistas ni senderistas. No siguen el pensamiento Gonzalo ni nada de eso. Son, más bien, por decirlo de alguna manera, capitalistas precarios; capitalistas ilegales e informales.