El 9,16 y 23 de octubre han sido los paros de transportistas en Lima y distintas ciudades del país, convocados por la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (53 empresas de transporte en Lima) y está planteada una paralización de tres días entre el 11 al 16 de noviembre, durante los días de realización de la APEC.
A las movilizaciones se sumaron diferentes gremios estudiantiles universitarios, laborales y campesinos, levantando la exigencia de que el Gobierno adopte medidas en contra de la inseguridad vivida debido a los sicarios y la extorsión. Impulsores de los paros denuncian la aprobación del Congreso de siete leyes favorables a la delincuencia modificando plazos prescriptorios, trabando la colaboración eficaz, anulando el factor sorpresa de los allanamientos, cambiando la tipificación de organización criminal, limitando la incautación de material de la minería ilegal, excluyendo a los partidos de responsabilidades penales, y amnistiando terroristas y exmilitares por delitos de lesa humanidad antes del 2002.
El Poder Ejecutivo y el Congreso niegan la importancia y fuerza de los paros. Argumentaron que se trataba de paros parciales, débiles, politizados, inoportunos y que no ayudan a resolver problemas. No han mostrado ninguna voluntad de conversar con los dirigentes para solucionar las demandas nacionales frente a la inseguridad.
La ciudadanía nuevamente toma las calles y ejerce presión creciente. Los siguientes días de paro serán durante la conferencia internacional de APEC.
Nos urge avanzar en el camino de reconstruir la institucionalidad social y la presencia del Estado. Ejemplos de lo contrario llenan la historia de América Latina y el Caribe, sino miremos Haití en pleno siglo XXI.
