Ayer por la tarde el presidente Pedro Castillo salió a través del Twitter a rechazar una investigación de Centro Liber que con documentos oficiales afirma que su sobrino prófugo Fray Vásquez Castillo habría viajado con nombre y DNI falsos a Chiclayo en el avión presidencial cuando ya se encontraba con orden de prisión preventiva por su presunta participación en la organización criminal que según el Ministerio Público, lideraría el jefe de Estado.

Sin embargo, más allá de lo que diga la desprestigiada palabra del mandatario ante esta investigación, sería bueno que los ciudadanos no olvidemos que han pasado varios meses desde que Vásquez Castillo –el que hacía de anfitrión de los turbios visitantes a la casa de Sarratea– y el exministro preferido del presidente y de todos sus jefes de gabinete, Juan Silva, están en calidad de prófugos de la justicia. El único que se entregó fue el impresentable de Bruno Pacheco.

Pero lo grave no es solo la condición de prófugos de ambos personajes, sino todos los intentos que ha hecho el mandatario para evitar su captura y salvarse a sí mismo, lo que según el Ministerio Público constituye delito de obstrucción a la justicia. Lo más escandaloso fue la salida de Mariano González del Ministerio del Interior a pocas horas de nombrar un equipo policial para que trabaje con los fiscales a fin de atrapar a los evadidos del entorno presidencial.

No ha sido lo único. Recordemos que el hoy premier Aníbal Torres botó como si nada al procurador Daniel Soria, los intentos por sacar del camino a los fiscales que investigan el caso, el silencio en los interrogatorios y la empapelada con pedido de pase al retiro del coronel PNP Harvey Colchado, a cargo de la búsqueda de estos elementos que con toda seguridad, si caen y hablan, traerían serios problemas al profesor.

Antes que el presidente nos hable de su “inocencia”, se indigne y se victimice ante las evidencias que hay en su contra, todo esto con la ayuda de sus ministros, congresistas y ayayeros, debería dejar de meter la mano en la justicia y la Policía Nacional para que así puedan hacer el trabajo que la Constitución les ha encomendado, como es el de capturar a los prófugos de la justicia por más que tengan un buen “padrino” sentado en Palacio de Gobierno.