El fin de semana a través del programa Punto Final hemos conocido que son muchos, más allá de si son de derecha o de izquierda, viven de la política y de los vacíos que deja la legalidad, los cuales suelen ser aprovechados por los vivazos de siempre para llevarse alguito mientras se llenan la boca de discursos populistas y supuestamente empáticos con los ciudadanos.

Vimos el caso del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien cobra un sueldo de su partido que a su vez recibe fondos públicos. Lo mismo sucede con Patricia Li, la dueña de Somos Perú. Ambos han sido condenados por corrupción, pero cobran con dineros estatales destinados al fortalecimiento de los partidos políticos.

En las mismas anda Renovación Popular, pagando consultorías a gente cuestionada, también con fondos recibidos desde el Estado, algo muy alejado del discurso de Rafael López Aliaga.

Pero no son los únicos. También está el caso de Alianza para el Progreso (APP), que ha colocado en puestos laborales del Congreso a allegados a Richard Acuña, el hijo del dueño del partido. ¿Por qué no da trabajo a sus amigos en algunas de sus empresas? No, para eso está en Estado, para exprimirlo, ¿verdad?