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El número exacto de mineros informales que hay en el país es difícil de conocer; sin embargo, estimaciones dan cuenta que son cerca de 70 mil familias involucradas directa e indirectamente a dicha actividad en Tambopata y Manu (Madre de Dios); San Antonio de Putina, Carabaya y Sandia (Puno); Palpa y Nasca (Ica); Caravelí, Camaná y Condesuyos (Arequipa); Lucanas y Parinacochas (Ayacucho); Pataz, Otuzco y Huamachuco (La Libertad) y Ayabaca (Piura).

En los últimos años, se puso en marcha un proceso de formalización para la minería artesanal, actividad que, aparte de no pagar impuestos, causa un gran impacto ambiental al dañar suelos, agua, aire, destrucción de la flora y fauna, aparte de otros problemas sociales como la trata de personas y explotación de menores.

En los últimos 12 días, dos noticias merecen destacar, el contrato suscrito por la empresa Minera Cruz de Oro y Minera Maraycasa S.A. de Quicacha, Caravelí, Arequipa, con 92 trabajadores para la concesión de 76 hectáreas. Asimismo, la firma entre la IED Mining y 500 trabajadores de Asociación Mineros de San Cristóbal en Yanaquihua (Condesuyos), Arequipa.

Ambos procesos, llevados por el Ministerio de Energía y Minas con el Gobierno Regional de Arequipa, han permitido que los informales estén a un paso de su formalización y puedan trabajar cumpliendo tanto con sus obligaciones tributarias como medioambientales, que tienen por objetivo este proceso de legalización.

Aún quedan miles de mineros que se resisten a este cambio, empero es necesario persistir y exigir que se cumpla, pues la minería mal llevada solo genera daños irreversibles tanto económicos como ambientales.

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