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La justicia debe ser justa. No es una perogrullada o una frase robada a los creadores de "El puente no se cayó, se desplomó" o "La persona es feliz cuando logra su felicidad". Es un clamor que recorre el Palacio de Justicia desde los sótanos hasta los pisos superiores y termina exánime sin eco ni respuesta. En todos los niveles y esferas, hay truhanes disfrazados de justicieros, y adefesieros que fungen de fiscales. El último de los varios atropellos cometidos por el Equipo Especial es este reciente objetivo del Ministerio Público de solicitar por la vía judicial la suspensión por 3 años de las actividades políticas de Fuerza Popular y del Partido Nacionalista Peruano. El argumento es insostenible. José Domingo Pérez considera que estos partidos, algunos de cuyos integrantes y líderes están implicados en casos de corrupción, se crearon con fines criminales y, por lo tanto, su accionar debe proscribirse. Estamos, así, ante un fiscal que ha perdido la sindéresis y transgrede sin contemplaciones los límites de su función para dar el salto ominoso a la censura política. En los partidos aludidos es indudable que se cometieron fechorías que deben ser investigadas y castigadas sin contemplaciones. Hubo allí granujas que sucumbieron al dinero y alquilaron su moral al mejor postor, pero también centenares de militantes que cumplieron reglas, leyes y disposiciones, que no tocaron un céntimo y que, equivocados o no, apostaron por un proyecto político que creyeron que era el mejor para el país. ¿Ellos son también una organización criminal? ¿No estamos en el ámbito de las leyes electorales y usurpando las prerrogativas del JNE? ¿No está JDP enajenando el terreno de los derechos de la ciudadanía? ¿O cree que su poder no tiene límites y puede invadir fueros,desconocer a sus superiores, burlarse de los controles internos y hacer lo que le venga en gana? ¿Es este señor un defensor del interés público o un desenfrenado chofer de la combi de la vendetta y la venganza política? Ojo con el peligroso camino que emprende el país con la justicia encajando en los intereses de turno, jueces evaluando a partidos legalmente inscritos y negaciones fácticas socialmente aceptadas. Ojo con este macartismo innecesario, abusivo e irracional.