Machu Picchu es la joya arqueológica que representa al Perú y un símbolo universal en riesgo por la mala gestión y los intereses fragmentados. Los bloqueos en la ruta ferroviaria, cancelaciones de reservas, protestas, fallas en el transporte y venta de boletos no son solo un problema logístico: tiene consecuencias económicas, culturales y morales. Los gremios del turismo estiman pérdidas por más de S/50 millones, y podría perderse hasta un 30% del turismo receptivo si no se actúa con rapidez y coherencia. Más de 4.700 turistas no pudieron acceder a la ciudadela por conflictos y cancelaciones. Son cifras que muestran que Machu Picchu no puede sostenerse solo en el nombre. Se requiere institucionalidad real. Cobra fuerza declarar Machu Picchu Activo Crítico Nacional y crear una Autoridad Técnica Autónoma de Gestión, respaldada por el Gobierno Regional del Cusco, los gremios de turismo y los gobiernos regionales. Se trataría de una institución con poder propio, liderazgo claro, mando técnico y participación multisectorial, que organice transporte, conservación patrimonial, ambiente, servicio al turista, monitoreo y sanciones. Necesitamos decisiones, capacidad y supervisión especializada que proteja el turismo, el legado histórico, cultural y ambiental con el amor y la visión que esta maravilla merece. Machu Picchu no puede ser otro ejemplo de cómo se pierde autenticidad, belleza e integridad cuando se deja todo al mercado o al interés comercial limitado al corto plazo. Protegerlo exige voluntad política, claridad, responsabilidad y compromiso con una institución que no tolere arbitrariedad, negligencia, improvisación. Si permitimos que la gestión sea débil, fragmentada o corrupta, no será solo Machu Picchu lo que perderemos, será parte de nuestra ética y nuestra dignidad como Nación. No esperar más.