El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) murió el año 2018 luego de conocerse los oscuros entendimientos que algunos de sus miembros tenían con los jueces y fiscales que iban a ser nombrados o ratificados, y confirmarse que operaban en el contexto del conocido caso “Cuellos Blancos del Puerto”.

Fue entonces que en 2019 el Congreso optó por reemplazarlo por la actual Junta Nacional de Justicia (JNJ), que asomaba como una opción de reivindicación y cambio, un renacer indispensable en tiempos de extrema turbidez ética.

Por ello, es lamentable reconocer que la JNJ viene fracasando ostensiblemente en su objetivo primordial de devolverle institucionalidad al máximo órgano de la judicatura pero es necesario no soslayar que este deterioro viene desde el periodo anterior.

Ciertamente, una JNJ ideologizada, con criterios disímiles y decisiones abruptas constituyó un pésimo inicio, con consejeros aferrados a sus cargos a pesar de haber rebasado la edad y decisiones exprés inconstitucionales que debieron ser corregidas por el TC.

Y ahora, la actual Junta, comete el peor de los papelones al -luego de haber dispuesto la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación- convocar a una cita conciliatoria entre Benavides y Espinoza como si de un centro de arbitraje se tratara.

Así no se puede. Construir institucionalidad es una de las grandes falencias del Estado y esa tarea es cada vez más socavada por intereses particulares, incluso de aquellos que se creen la reserva moral del país y que solo defienden un fuero cuando uno de los suyos lo controla. Todo lo ajeno a ellos es mafia y corrupción.