GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3
GF Default - Imported ANS Video id=8fad72e5-655c-428e-943a-9ce73bbf09d3

La sobrerreacción que ha tenido Fuerza Popular ante el allanamiento a sus dos locales principales en Lima y las consecuencias de esta acción judicial están dejando una agria impresión sobre el concepto que este partido político tiene respecto de la división de poderes y los fundamentos de la democracia. Al ímpetu virulento desatado el último jueves, se han añadido otras decisiones en las comisiones legislativas que dominan en el Congreso y que dejan la sensación de estar aplicando un lamentable doble rasero. Lo describiremos así: no se puede exigir la presencia de PPK en la Comisión “Lava Jato” y a la vez rechazar la absoluta facultad del MP de allanar lo que crea conveniente. No se puede investigar a Glave y Huilca en la Comisión de Ética por avalar el hashtag Perú País de violadores y dilatar la sanción que merece Yesenia Ponce. No se puede presidir la emblemática comisión orientada a aportar lo suyo en desenmarañar el oscuro caso Odebrecht y luego irrumpir en la diligencia fiscal que -nos guste o no- tiene la atribución de realizar su labor sin presiones ni filmadores gratuitos. La historia del fujimorismo lo vincula a una impronta dictatorial y totalitaria, a una agrupación que hace un uso avasallante y abusivo del poder; es precisamente por ello que el objetivo principal de Keiko en estos 5 años debe ser desmarcarse de ese pasado ominoso. Aprovechar la justa mayoría que tiene en el Poder Legislativo para beneficio propio lo único que va a lograr es que se sospeche de algunas acciones legítimas -como la del TC- e implosionar las aspiraciones naranjas hacia el 2021. Es hora de preocuparse al respecto y de dejar ante la opinión pública un mensaje: el que no la debe no la teme.