La Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) entró en vigencia en 1978, la han ratificado 25 países y cuenta con dos organismos: la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH y Corte IDH).
En una sociedad que aprecia la democracia, el Estado garantiza la viabilidad de la sociedad organizada para la convivencia y para el bienestar de sus habitantes, ejerciendo el poder, la autoridad y el consenso, inclusive. Es claro que el abuso de poder, el clientelismo y la corrupción, deben ser combatidos.
En la relación Estado–ciudadanía las personas son el aspecto débil de la relación. Por ello se implementan mecanismos de protección de sus derechos como también la división de poderes, el mutuo control y la fiscalización. También surgen, instituciones constitucionales como el Tribunal Constitucional, Defensoría del Pueblo e instancias supranacionales con validez en la normativa del país.
La Comisión Permanente del Congreso espurio, con el impulso de Fernando Rospigliosi y solo 16 votos, aprobó una ley de amnistía a violadores de derechos humanos, militares y policías, involucrados en ejecuciones, torturas y desapariciones forzadas entre 1980 y 2000.
Sumando las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte señalando que como “país soberano” no permitirá injerencias de la CIDH, queda clara la intención de retirarnos de la Corte de San José y restituir la pena de muerte, además de convalidar las violaciones de derechos humanos. El autoritarismo es más que evidente, estamos avisados.
Retirarnos de la Convención Americana de Derechos Humanos nos convierte en un país aislado, paria del sistema democrático y solo perjudica a los peruanos de a pie. Frenemos estas intenciones.
