La estrategia desplegada por la Cancillería frente a la solicitud de impunidad —disfrazada de asilo político— presentada por Betssy Chávez ha sido inteligente y jurídicamente audaz, no tanto por el cálculo de los tiempos de respuesta de la Organización de Estados Americanos (OEA) ni por los cronogramas políticos internos, sino por la oportunidad internacional que abre para el país.
La consulta que el Perú presentará ante la OEA, acompañada de la propuesta de modificación de la Convención de Caracas, abre un espacio que ningún otro país de la región ha ocupado: el de ejercer liderazgo en un tema largamente distorsionado y de creciente relevancia hemisférica. Se trata, en efecto, de cuestionar el uso político del asilo, convertido por algunos gobiernos —como el de México— en un instrumento para sostener redes transnacionales de afinidad ideológica, en lugar de preservarlo como lo que genuinamente es: un recurso humanitario excepcional.
En un escenario donde varias naciones comparten la misma preocupación, la estrategia del Estado abre la posibilidad de ejercer un liderazgo regional que no se observaba desde hace tiempo. Este resurgimiento diplomático cobra especial relevancia tras años marcados por la inestabilidad política y el empobrecimiento del debate público, factores que debilitaron la proyección internacional del país. Durante ese periodo, el Perú fue perdiendo presencia en los foros globales, mientras el espacio que antes ocupaba con solvencia fue cedido a discursos personalistas, más orientados a la autopromoción coyuntural.
La decisión del presidente de la República de respaldar la estrategia diplomática de la Cancillería constituye una señal alentadora: ofrece la posibilidad de reconstruir una política exterior moderna, digna y estratégica.
