Hoy se retoma un juicio que despierta especial atención entre los peruanos. Tres nuevos testigos declararán en el proceso oral contra el expresidente Martín Vizcarra, acusado del delito de cohecho pasivo propio. Hace poco, directivos de la empresa ICCGSA confirmaron el pago de una coima de un millón 300 mil soles al exmandatario cuando era gobernador regional de Moquegua, por la construcción del hospital de esta región.
Las versiones de los testigos no solo son contundentes contra Vizcarra, sino que también agravan la crisis de confianza en nuestras instituciones. Este caso, como tantos otros que involucran a altos funcionarios, subraya una realidad preocupante: los responsables de velar por el bienestar de la ciudadanía y garantizar el buen funcionamiento del sistema democrático son, en muchos casos, los mismos que lo socavan.
El impacto de la corrupción va más allá de los tribunales. La percepción de que la clase política está plagada de prácticas ilícitas alimenta la desafección ciudadana hacia la democracia. Según el reciente informe del Latinobarómetro 2024, el Perú ocupa el último lugar en América Latina en cuanto a satisfacción con este sistema: menos del 10% de los peruanos se siente satisfecho con la democracia, y menos del 50% la considera preferible a cualquier otra forma de gobierno.
Este desencanto no es casual. La corrupción mina la confianza en el Estado, perpetúa desigualdades y afecta directamente el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, en momentos como este, es clave recordar que la democracia no es el problema, sino quienes la administran.
