En uno de los peores momentos para la imagen del Congreso frente a los ojos de los peruanos que si pudieran lo cerrarían de inmediato y mandarían a todos a sus casas, a la Mesa Directiva del Poder Legislativo no se le ha ocurrido nada mejor que incrementar el monto para gastos en la semana de representación que se entrega a cada uno de los parlamentarios, de 7 mil 617 soles a 11 mil soles, lo que implica al año un gasto adicional de 5 millones 480 mil soles, según el dominical Punto Final.
La aprobación de este injustificado incremento que se hará efectivo a partir de la legislatura que se inicia en julio próximo, ocurre cuando se agudiza la proliferación de “mochasueldos”, “niños”, defensores del golpista Pedro Castillo, viajeros, parranderos, profesores jalados y demás personajes que pasarán a recibir más dinero del bolsillo de todos los peruanos a cambio de hacer, como vemos, una labor muy ineficiente y que poco o nada aporta al país.
Precisamente ayer en Correo hemos señalado cómo la Comisión de Ética Parlamentaria se ha convertido en una “lavandería” donde los legisladores entran por graves denuncias y salen limpios o a lo mucho con sanciones simbólicas. Desde la instalación de este Congreso en julio del 2021, dicho grupo de trabajo ha recibido 171 casos, de los cuales solo 21 han sido sancionados como se debe. Ante su escasa efectividad, Ética debería desaparecer para ahorrar tiempo y recursos.
Bueno, que se puede pedir al actual Congreso si desde julio del año pasado tiene como máxima autoridad a Alejandro Soto, de Alianza para el Progreso (APP), quien desde hace casi nueve meses no da la cara ante el país, a través de los medios de comunicación, para evitar que le pregunten por los cuestionamientos que pesan en su contra, que van desde contrataciones irregulares hasta la legitimidad de sus grados académicos.
Recordemos que hace un mes, cuando el gabinete de Gustavo Adrianzén se alistaba a ir al Congreso a pedir el voto de confianza y el escándalo por los relojes de la presidenta Dina Boluarte estaba en su punto más álgido, el Poder Ejecutivo autorizó una transferencia de un adicional de 50 millones de soles al presupuesto del Parlamento para este año, destinado a gastos de personal, equipamiento y servicio. ¿Habrán buscado una “fórmula legal” para que la plata recibida se vaya al aumento de los prescindibles gastos de representación?
