La reciente intervención de la Fiscalía Anticorrupción en el Gobierno Regional de La Libertad (GRL) ha encendido las alarmas sobre posibles actos de corrupción de proporciones escandalosas. El caso involucra a una joven de 23 años que, sin experiencia previa conocida, logró adjudicarse dos obras por más de 300 millones de soles. El hecho, más allá de su carácter inverosímil, pone en entredicho los controles administrativos y la transparencia en la gestión pública encabezada por el gobernador César Acuña.
La gravedad del asunto no solo radica en el monto comprometido, sino en la rapidez con que se otorgaron los contratos y en los presuntos vínculos que rodean a la beneficiaria con personajes cercanos al entorno político del líder de Alianza para el Progreso (APP). A pesar de que Acuña ha negado cualquier relación con el padre de la empresaria, los registros de visitas al GRL lo contradicen, aumentando las sospechas y dejando al descubierto una evidente falta de coherencia entre sus palabras y los hechos.
Lo más preocupante es la reacción del gobernador ante las revelaciones periodísticas. En lugar de asumir con responsabilidad su rol como funcionario público y brindar explicaciones claras, ha optado por atacar a la prensa, exigiendo rectificaciones y anunciando demandas contra el programa Panorama. Esta actitud, lejos de calmar las aguas, fortalece la percepción de que hay algo que ocultar.
