“Es una jugada”, “genera suspicacias”, “están alejando a los testigos”, “es bastante sospechoso”, fueron algunas de las reacciones de congresistas y penalistas sobre la designación de la escolta de la presidenta, Ruth Ligarda, como personal auxiliar de Agregaduría Policial de la Embajada de Perú en España.
Este traslado diplomático, programado por un periodo de dos años, coincide con el momento en que Ligarda debería rendir declaración en el caso “Cofre”, en el que se investiga la posible participación de Boluarte en un esquema de encubrimiento relacionado con el presunto uso de un vehículo presidencial para facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.
Más allá de los privilegios o beneficios que este traslado pueda significar para Ligarda, la decisión del Ejecutivo plantea interrogantes sobre la voluntad de la presidenta Boluarte de cooperar plenamente con las investigaciones. La promesa de transparencia y combate frontal contra la corrupción, que ha sido uno de los pilares del discurso presidencial, se ve erosionada cuando acciones como ésta proyectan la imagen de un Gobierno que dificulta el avance de la justicia.
En un momento en el que el Perú enfrenta una crisis de confianza en sus instituciones, es crucial que el Gobierno demuestre con hechos su compromiso con los valores democráticos. Permitir que el caso “Cofre” sea investigado sin interferencias debería ser una prioridad para reafirmar el respeto a la legalidad y la búsqueda de la verdad.
