En la madrugada de ayer, el Ministerio Público ha llevado a cabo detenciones y el allanamiento de 17 viviendas y locales en Lima, La Libertad y Áncash, todos estos inmuebles vinculados a gente que tiene mucho que explicar respecto a la trama de corrupción que hubo alrededor del fenecido programa de alimentación Qali Warma, que daba productos en mal estado o sin estándares mínimos de calidad a miles de niños de la escuela pública.

La diligencia a cargo del fiscal provincial Reynaldo Abia comprendió al local de Alianza para el Progreso (APP), en Trujillo, y la casa del Óscar Acuña, hermano del dueño del partido, quien es investigado por haber recibido un presunto soborno de 77 mil soles por hacer de “puente” entre la empresa Frigoinca y funcionarios a cargo de las adquisiciones de alimentos del gobierno regional de La Libertad, en ese momento manejado por César Acuña, hoy candidato presidencial.

“Extrañamente”, Óscar Acuña no fue ubicado en su casa de la capital liberteña cuando llegaron a arrestarlo de manera preliminar, como sí sucedió con otros tres implicados en este caso que resulta nauseabundo, si se tiene en cuenta que estamos ante un grupo de gente, funcionarios, no funcionarios y malos empresarios, que se habrían coludido para llenarse los bolsillos mientras daban de comer alimentos en mal estado o no aptos para el consumo humano a los niños más pobres del Perú.

La salida a la luz de este escándalo, que de por medio tiene la misteriosa muerte del dueño de Frigoinca, Nilo Burga, cuyo cadáver fue encontrado en un hotel de Lima en la Navidad del año pasado, lleva más de un año y alcanza a algunos funcionarios del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte. Sin embargo, pese a la diligencia de la madrugada de ayer, es poco lo que se ha avanzado, lo que preocupa por la inmensa gravedad de los hechos que investiga el Ministerio Público.

Dar de comer carne de caballo o alimentos podridos a niños pobres, cuyos padres no pueden nutrirlos como se debe, todo para llenarse los bolsillos de plata sucia, es un crimen que no tiene nombre, y es de esperarse que al Ministerio Público y al Poder Judicial no se les escapen las tortugas, como ya ha sucedido. Corruptos y sinvergüenzas hay muchos y deben ir presos todos, pero lucrar con el hambre y la salud de los más vulnerables merece el máximo rigor de fiscales y jueces, que tienen que hacer su trabajo como se debe.