Mientras los peruanos estamos devastados por la ola de delincuencia, las confrontaciones permanentes entre los poderes del Estado y un largo etcétera, el Congreso, con el voto favorable de 63 “padrastros” de la patria nos sorprende, contra todo pronóstico de razonabilidad, aprobando en segunda votación la creación de 20 nuevas universidades públicas a nivel nacional. No importa si el Congreso carece de iniciativa de gasto, no importa si el proyecto en cuestión no cuenta con opinión favorable del Ministerio de Educación ni del de Economía. El populismo y la irresponsabilidad van por delante. En nuestro país, la tasa de matrícula para la educación superior alcanza el 33%. Tenemos más de 1,5 millones de jóvenes en la educación universitaria, de los cuales solo 355 mil acuden a universidades públicas. La oferta de vacantes en el 2023 fue de 73 mil para las universidades públicas y 341 mil para las privadas. No hay incremento de vacantes en las universidades públicas a pesar de que su presupuesto ha aumentado significativamente, pasando de 4,996 millones en el 2018 a más de 7,400 millones en el 2024. En lugar de ampliar el presupuesto a las universidades públicas “licenciadas” y que cuentan con infraestructura y equipamiento para que amplíen expresamente el número de vacantes, se opta por el facilismo de hacerle creer a la población que 20 universidades públicas “nuevas” sin presupuesto (y sin pena ni gloria), traerán alguna solución.

Mientras esto ocurre, se da la espalda a la educación técnica pública, que hace agua por la falta de presupuesto e inversión, y que es la que realmente requiere el país para elevar el nivel de competitividad. El divorcio entre la política y las necesidades de formación de la mano de obra peruana son patéticas. Mientras que en el Peru solo 3 de cada 10 jóvenes estudia profesiones técnicas, en países que nos llevan ventaja como Chile, cerca de la mitad estudia en los Institutos y centros técnicos. El propio Congreso ignora olímpicamente las necesidades de formación del mercado laboral. No tiene idea de cómo legislar para promover la atención de mano de obra calificada y no respeta las políticas de Estado que centran su propósito en la promoción de la educación tecnológica en el Peru. ¡Merluzos II!