Los responsables de velar por el bienestar y la seguridad de los peruanos, así como por la buena marcha del país, deberían prestar mucha atención a la asonada que se viene alistando en la región Puno, donde se están anunciado protestas, bloqueos de carreteras y hasta una nueva “toma de Lima”, todo esto a pocos meses de las jornadas de violencia promovidas por la izquierda que ocasionaron muertes y ataques a la propiedad pública y privada, que incluyeron la quema de comisarías y la ocupación del aeropuerto de Juliaca.

Lo que piden en Puno, como desde inicios de este año, es la renuncia de la presidenta Dina Boluarte pese a la legitimidad constitucional que la ampara y la convocatoria a nuevas elecciones, exigencias que meses atrás motivaron la salida a las calles de manifestantes pacíficos, pero sobre todo de vándalos y delincuentes que incluso quemaron un carro policial blindado en las afueras del aeropuerto que estuvo cerrado por varias semanas, lo que generó millonarias pérdidas a la región y sus habitantes.

Es de esperarse que a estas alturas, tras las duras lecciones dejadas por las recientes protestas, desde el Estado se estén tomando las medidas para neutralizar las acciones violentas que podrían darse en Puno y en la capital. No podemos tolerar más desmanes que afecten al resto de los ciudadanos que salen a trabajar o viajan por cualquier ruta del interior del país. Pero ojo, las acciones contra esta gente deben hacerse extensivas de igual forma a los azuzadores, incluyendo a los que operan desde las redes sociales y cómodos cafés.

Debe tenerse en cuenta que hace poco la Corte Suprema de Justicia, a través de un fallo para un caso específico pero que fijó jurisprudencia, ha dejado sin piso a los violentistas al indicar, sin espacio a la duda, que los ciudadanos tienen derecho a la protesta de acuerdo a la Constitución, sí, pero que se cruza la línea y se entra en el terreno del delito cuando se apela a la violencia, especialmente a la que afecta los derechos del resto de los ciudadanos o se atenta contra el patrimonio público y privado.

El Perú no está para soportar nuevamente el accionar de grupos violentos. Necesitamos crecer económicamente y dar confianza para las inversiones que generan empleo y bienestar. Los que quieran tomar carreteras, ocupar aeropuertos, apedrear ambulancias y enfrentarse con palos y piedras a la policía, deben ser sancionados con las leyes que tenemos. Y a propósito, sería bueno saber cómo van los procesos contra los revoltosos identificados en los desmanes de meses atrás. ¿Se ha hecho algo? Tenemos derecho a saber.

No podemos tolerar más desmanes que afecten al resto de los ciudadanos.