El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, parece empeñado en no pasar desapercibido. Habla de todo, pelea con todos y hasta insinúa postular en las elecciones del 2026. No le basta con enfrentarse a fiscales y jóvenes que protestan en Lima: ahora hasta desempolva la idea de un penal en El Frontón. Su verdadero proyecto no es institucional, sino personal: mantenerse en los titulares a cualquier precio.
Pero la realidad le devuelve una bofetada. Un grupo de congresistas, incluso algunos de Fuerza Popular, ha presentado una moción de censura en su contra. La acusación no es menor: falta de idoneidad, confianza y probidad. Y tienen razón: un ministro que regresa al gabinete después de haber sido censurado y que, además, se dedica a defender delincuentes, encarna exactamente lo contrario a lo que debería ser la justicia.
El problema, como siempre, es que nada está asegurado. La próxima semana el Pleno debatirá su permanencia, pero la experiencia enseña que el Congreso es especialista en desinflarse. Los mismos que hoy arden en discursos moralistas mañana negocian, se repliegan o se lavan las manos. La “censura multipartidaria” suele durar lo que una tormenta de verano: mucho ruido, pocos resultados.
Lo triste es que el país se ha acostumbrado a este espectáculo. Ministros cuestionados que prefieren el show, congresistas que ladran pero no muerden, y una presidenta que observa la función como si no fuera su Gobierno el que se desmorona.
