Desde el Congreso se manifiestan los intereses de sectores contrarios a la reforma universitaria con varios proyectos que cuestionan la labor de la Sunedu, pretendiendo desaparecerla para retomar la Asamblea Nacional de Rectores (ANR).
Restablecer la ANR destruiría lo avanzado en cuanto a la supervisión de la calidad universitaria y dejar la dirección de la formación universitaria en quienes pretenden lucrar con la formación universitaria, obviando el papel directriz del Estado. Sería abandonar la propuesta de mejorar la calidad de la enseñanza.
Los profesionales egresados de las universidades forman parte del capital humano del país, actúan bajo un título otorgado a nombre de la Nación, licencia que requiere el cumplimiento de requisitos garantizando la idoneidad profesional, y esa es responsabilidad ineludible del Estado. No podemos regresar a universidades “fachada” ni a verdaderas estafas a miles de jóvenes.
El retiro de la autorización de funcionamiento de decenas de universidades perjudica a miles de estudiantes, aunque la solución no pasa por prolongar el engaño sino por un traslado oportuno a universidades que sí les garanticen un buen nivel de formación.
Es importante fiscalizar la experiencia de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez, fundada con el esfuerzo y aporte de capitales de la Municipalidad de San Román, por lo que sus propiedades, edificios y material educativo debieran retornar como patrimonio del Estado, evitando que su patrimonio termine siendo saqueado por inescrupulosos que esperan acumular deudas ilícitas y/o ilegales para terminar apropiándose del mismo, que surgió del esfuerzo y aporte de miles de padres de familia.
Nuestro futuro como país requiere profesionales e investigaciones de calidad. No permitamos el retroceso de lo aún poco avanzado.
