La Constitución de nuestro país reconoce en el inciso 12 del artículo 2 (correspondiente a derechos fundamentales), la facultad de reunión “pacífica” y “sin armas”. Señala, asimismo, que aquellas que se convocan en plazas o en la vía pública, exigen anuncio anticipado ante la autoridad y que éstas pueden prohibirse únicamente por motivos probados de seguridad o sanidad pública.  Paralelamente, la misma Constitución señala que todos tenemos derecho a la paz, a la tranquilidad y a gozar de un ambiente equilibrado para la vida, y que le corresponde a la Policía Nacional garantizar, mantener y reestablecer el orden interno y la seguridad del patrimonio público y privado por igual.

Para este 19 de julio, distintos colectivos anuncian una marcha de protesta denominada temerariamente “Nueva toma de Lima”, con la que pretenden infundir temor a los ciudadanos y que se prevé podría generar nuevas escenas de violencia y afectación a los derechos de quienes no se sumen a sus propósitos, así como posible destrucción de la propiedad pública y privada, tal como lo hemos vivido en el pasado reciente y que concluyó con la trágica pérdida de vidas de muchos compatriotas y miembros de las fuerzas del orden de nuestro país. El Perú está pasando no solo por una larga temporada de inestabilidad política, sino también, por una afectación seria de su economía; está en riesgo la inversión, la estabilidad jurídica, la generación de empleo y el desarrollo, que terminan afectando el bienestar y calidad de vida de la población. Vivimos tiempos difíciles que, sumados al aumento de la pobreza a nivel nacional, nos obliga a ser creativos y continuar esforzándonos en sacar adelante nuestro país, ¡en paz!

Isaac Asimov decía que la violencia es el ultimo recurso del incompetente y Benedetto Croce decia que la violencia no es fuerza sino debilidad y que nunca podrá crear cosa alguna, sino solo la destruirá. Esperamos que esta anunciada marcha en Lima no sea violenta y no afecte ni la seguridad ni la paz de los limeños y que se sepa que todo acto tiene consecuencias, toda accion genera reacción y que aquellos que afecten la paz social, la democracia y el estado de derecho, serán reprimidos por nuestra Policia Nacional y sancionados como corresponde por el Ministerio Publico y el Poder Judicial.