El jueves 14, el ministro de Justicia Eduardo Arana participó en un operativo de traslado de presos del penal de Trujillo hacia otras cárceles, ellas Challapalca, Juliaca. Entre los internos trasladados están los considerados cabecillas e integrantes de bandas criminales como “Los Pulpos”, “La Jauría”, “Los Compadres” y “Los Malditos del Triunfo”.
El gobierno pretende superar el fracaso de sus políticas penitenciarias y de seguridad ciudadana mediante estos traslados, que violan principios penitenciarios y trasladan violencia e inseguridad a otros lugares del país, considerando al Altiplano puneño como zonas de castigo por la altura y el frío, lo que es inadmisible.
En Puno se cuestiona estos traslados tras conocerse que tres reos de alta peligrosidad, de los 13 del penal El Milagro, Trujillo, serían trasladados al penal de Juliaca cuando, días antes, autoridades juliaqueñas solicitaron el traslado de 74 internos foráneos de alta peligrosidad y mayor antigüedad, a sus lugares de origen.
Son lineamientos de la política penitenciaria que los presos cumplan sus condenas o enfrenten sus procesos detenidos en lugares cercanos al de sus domicilios, considerando que la política penitenciaria tiene como supuesto base la reeducación de los delincuentes y su reinserción a la sociedad.
La violencia del crimen organizado, no se combate trasladándola a nuevas provincias.La presidenta Dina Boluarte y su presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén, deben ver integralmente el país ya que además de temas sobre la reactivación económica e inseguridad ciudadana, están la institucionalidad del país y la búsqueda de la verdad y justicia, particularmente tras las muertes y asesinatos ocurridos durante las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023.
