No llores por mí, democracia

Los ciudadanos a nivel mundial vienen perdiendo confianza en la democracia. La sensación de que los políticos responden a intereses privados se acentúa incluso en los países occidentales de larga historia democrática. La membresía partidaria viene cayendo en todos los países desarrollados, al igual que la participación electoral en aquellos donde el voto no es obligatorio. Una encuesta en siete países europeos encontró que más de la mitad de los votantes no confía en el Estado.

Julio Gagó, congresista, habría incurrido en una simulación ilegal para que sus empresas sigan contratando con el Estado, lo que está prohibido por ley. El fujimorismo aún no ha dicho nada al respecto. Ocupado, dicen sus voceros, en compromisos previos e inauguraciones de locales.

Susana Villarán, alcaldesa de Lima, obtiene un préstamo de la Caja Municipal, pese a que por ley está impedida de hacerlo. Susel Paredes, funcionaria municipal, la defiende con un argumento de género. Mientras tanto, los ciudadanos seguimos esperando que la alcaldesa y su jefa de campaña, Anel Townsend, cumplan con su promesa y rindan cuentas de los aportes y gastos de la campaña por el "No". Entre ellos, cómo financió a Favre.

El abogado de Alejandro Toledo reconoce que el haber dado versiones contradictorias sobre las cuentas de Ecoteva perjudica a su cliente. Pero el cliente y la colorada siguen firmes en la última versión. Esta es que la plata es de Maiman y no de la suegra, del Holocausto ni de los exmaridos millonarios.

Carmen Omonte, congresista y ministra, sería accionista minoritaria de una empresa que habría adquirido concesiones mineras a través de testaferros. Ampayada, anuncia que cederá sus acciones a dos poblados huanuqueños. Figallo, ministro de Justicia, salió en su defensa.

En el camino, los ciudadanos, quienes los llevamos al poder, no nos sentimos representados por ellos. Sentimos vergüenza. Pero tomamos posición de acuerdo con preferencias políticas, acusamos a unos y defendemos a otros sin aceptar que todo es parte de lo mismo: la utilización de la política para fines privados.

En todos estos casos, el Congreso ha convocado a los involucrados a dar explicaciones. Y uno piensa para qué, si queda claro que no pasará nada.