Desde esta semana el Ministerio Público ha comenzado a recibir oficialmente las delaciones de los empresarios brasileños corruptores de autoridades peruanas. Por ello es de esperarse que, aunque estos testimonios se guarden en estricta reserva y no trasciendan a los medios, en los próximos días seamos testigos del inicio de la detención de quienes han sido señalados, a fin de que no se produzcan fugas indignantes y vergonzosas como las del expresidente Alejandro Toledo.

Nuestro sistema judicial tiene que actuar con celeridad, pues, de la red de corrupción que montó Odebrecht y otras constructoras para ganar licitaciones, solo hemos visto caer al prófugo Toledo, al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio; a Félix Moreno, del Callao; a algunas “sardinas” del gobierno aprista y a un abogado como José Zaragozá, y a un personaje como Gustavo Salazar, quienes dieron fachada “legal” al pago de una coima.

El expresidente Ollanta Humala también ha sido señalado por Marcelo Odebrecht, incluso ante fiscales peruanos, por recibir tres millones de dólares, pero al hombre nadie lo toca. Sigue en su casa tranquilo, igual que ante el escandaloso caso Madre Mía, en que los testigos lo acusan hasta el cansancio de horrendos crímenes. Pero si la sala que absolvió al “Capitán Carlos” no será investigada por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), ¿qué se puede esperar?

Como he señalado antes en este espacio, si a inicios de la década pasada vimos a una justicia implacable, que ante la menor delación de personajes como Matilde Pinchi Pinchi ponía tras las rejas a civiles y militares que recibieron dinero de Vladimiro Montesinos, o incluso a gente que luego se determinó que era inocente, habría que ver por qué ahora no sucede algo similar ante los pagos admitidos por los brasileños. ¿Cuál es la diferencia?

La evasión de Toledo a Estados Unidos -desde donde se burla del Perú hablando de que es víctima de una persecución política para frenar su “arrastre electoral”- debe ser tomada como un jalón de orejas al Ministerio Público, a fin de que actúe con la celeridad necesaria, en coordinación con el Poder Judicial, para evitar más fugas, pues si las delaciones ya están en manos de las autoridades, es evidente que ya deben haber varios buscando el pasaporte y una agencia de viajes.

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