Con miras a las Elecciones Generales de 2026, el expresidente Martín Vizcarra ha expresado públicamente su deseo de volver a postular a la presidencia. Para ello, logró en junio de 2023 la inscripción de su partido Perú Primero. Sin embargo, este hecho motivó una tacha debido a su condición de inhabilitado, lo que derivó en su exclusión del registro de directivos, aplicando el precedente vinculante del caso Alberto Fujimori (Exp. N.° 3760-2004-AA), en el que el Jurado Nacional de Elecciones dejó claras las implicancias de una inhabilitación política para el ejercicio de cargos públicos.
En este escenario, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1 resolvió que la encuestadora CPI se abstenga de incluirlo como opción en sus mediciones, dado su estatus legal. Aunque la empresa no lo incorporó directamente, algunos encuestados lo mencionaron en sus respuestas.
La medida es polémica, pero responde a un objetivo central: que el electorado tenga claridad. Al día de hoy, Martín Vizcarra no está habilitado para postular. Mantener una narrativa de campaña sobre una candidatura inviable solo genera confusión en un proceso donde podrían competir hasta 43 partidos —o 37 si prosperan todas las alianzas—, escenario que ya exige un gran esfuerzo de discernimiento ciudadano.
Los procesos electorales deben ser transparentes en todas sus etapas, no solo en el conteo de votos. Esto incluye la campaña política, donde no puede permitirse que la estrategia pase por engañar o manipular al elector. Basta de justificar la transgresión ética en nombre de un éxito electoral que, de alcanzarse así, sería pírrico.
