“No vamos a poder solucionar lo que no se ha solucionado en más de 20, 30, 40 años. No es responsabilidad de la presidenta”, dijo hace poco Dina Boluarte, dando una señal clara que este Gobierno no tiene ninguna intención de acabar con la criminalidad en el Perú. Realmente un discurso que da vergüenza ajena. Está claudicando frente a la delincuencia.
Es penoso también porque deja en evidencia su falta de liderazgo. Si no es capaz de lidiar con la herencia que le dejaron para qué carajo postuló en una lista presidencial que prometía cambiar esta realidad. Y peor, para qué aceptó dirigir los destinos del país si no estaba preparada para afrontar los duros desafíos de la nación. Lo único que le interesa es su propia propaganda: el Cuarto de Guerra.
Los que tampoco saben qué hacer en esta lucha contra la inseguridad ciudadana son los congresistas. José Cueto dijo que los transportistas deben usar láminas antibalas para protegerse de los sicarios, mientras Edwin Martínez exhortó a los asesinos peruanos que maten a los asesinos venezolanos.
El mensaje del Ejecutivo y Legislativo a la población es llamativo. Parecen decir: “Nosotros no sabemos como ayudarlos, sálvense ustedes como puedan”.
Han evidenciado más su amor al cargo (hasta el 2026) y las prebendas que conlleva el poder que su interés de servir a la gente.
En vez de plantear estrategias y leyes que den golpes contundentes a la delincuencia, se han enfrascado en una guerra contra el Poder Judicial y el Ministerio Público. En lugar de unirse se multiplican los desacuerdos, se acentúa la fragmentación, y se diluye la responsabilidad. En ese vacío de dirección y de colaboración, la delincuencia avanza. Porque cuando el Estado se fractura, el crimen se organiza.
