Algunos movimientos regionales han convocado para hoy a un paro nacional. Si bien es cierto que las manifestaciones y protestas son permitidas en toda democracia, lo que no se puede tolerar es el vandalismo y la violencia. Bloquear carreteras, destruir propiedad públicas y privadas, saquear negocios y sembrar terror se dan cuando la delincuencia gana la calle y se vulnera la ley. Frente a ello, las fuerzas del orden deben actuar con don de mando e inteligencia para controlar a los extremistas.

El ministro del Interior, Víctor Rojas, ha dicho que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encargará de velar por la seguridad de los ciudadanos para que las marchas se desarrollen con tranquilidad. Enfatizó que su institución no tiene un “afán de represión”. Un buen gesto de relaciones públicas, no solo para comunicar sino para neutralizar con su mensaje a un sector radical que se cree fuerte después de los acontecimientos del diciembre último que acabaron en violencia y muertes.

Sin embargo, eso no quiere decir que la PNP y las Fuerzas Armadas alcancen un estado de inmovilización. Si la violencia se desata, tiene que haber un plan para frenar ello, por supuesto, sin excesos.

Ya sabemos que las demandas de cierre del Congreso y adelanto de elecciones mutaron a pedidos inviables como la libertad del golpista Pedro Castillo y la asamblea constituyente, exigencias que parecen repetitivas e inútiles, pero en realidad son prácticas extorsivas y chantajistas. Llegó el momento que el Gobierno responda con firmeza.