Al asumir la presidencia, Pedro Pablo Kuczynski, en julio de 2016, el número de venezolanos residentes en el país no superaba los 6500. Desde entonces la diáspora llanera por la grave crisis política y económica provocada por la dictadura de Nicolás Maduro, se volvió incontenible. A los que llegaban, el Decreto Supremo N° 002-2017-IN, les permitió que pudieran tramitar un permiso temporal de permanencia y se hizo con criterio humanitario; sin embargo, el número se volvió exponencial, amparados en que la norma jurídica señalaba que sea “…hasta que se regularice la situación política...” en ese país, y hoy contamos más de un millón. La cancillería, que había hecho un buen trabajo preliminar, luego sencillamente fue incapaz de decirle al mandatario que debía poner coto y lejos de ello, puso mil obstáculos al entonces Superintendente Nacional de Migraciones, Eduardo Sevilla, hombre decente, serio y ejecutivo -el Estado no debió prescindir de él-, que fue reemplazado a propósito de la huida del juez César Hinostroza, pues la pita siempre se rompe por el lado más delgado. El expresidente, Martín Vizcarra, a la luz de las estrategias que Sevilla puso en el despacho del ministro del Interior de turno, pudo controlar las oleadas de venezolanos y en adelante, aunque siguieron, disminuyó por las restricciones sugeridas. Hoy, nuestra frontera en la zona norte del país parece tierra de nadie pues la autoridad policial no ha podido detener el ingreso masivo de venezolanos que son movilizados en camiones que circulan por sus narices. ¡Qué vergüenza!. Si el ministerio del Interior no puede hacerlo, que lo hagan las FF.AA., acostumbradas al resultado con alta logística que, en un santiamén, podrían desplegar una operación con 100% de eficacia. Hay cuestiones de Estado que no pueden ser soslayadas. Es verdad que el gobierno del presidente Sagasti debe concentrarse en la vacunación de los 32 millones de peruanos y en garantizar el inmutable cumplimiento del calendario de las elecciones, pero lo anterior no es excluyente de la mayor atención de nuestras fronteras, distrayéndose de la política migratoria, hoy a la deriva, que impacta en la salud y la seguridad de los peruanos.