¿Durará Dina Boluarte como presidenta de la república?, es la pregunta que nos hacemos desde que asumió. El motivo de la duda ya no es su falta de bancada en el Congreso -que en verdad la tiene, pero hipotecada-, sino la pataleta de la izquierda bruta y achorada, que como lo hemos dicho aquí, su intención no es convocar a nuevas elecciones generales sino imponer la asamblea constituyente cueste lo que cueste: muertes.
La reacción política de la jefa de estado ha sido lenta y concesiva: en su asunción al cargo, pasó de anunciar que gobernaría hasta el 2026 a un posible adelanto de las elecciones al 2024 y, apenas días después, al 2023. ¿Qué le asusta a la mandataria? Aunque haya dicho que no dejará el puesto asumido constitucionalmente, poco a poco Boluarte empieza a ceder rédito político.
Es curioso que el gobierno tenga como nuevos aliados en el Congreso a partidos, otrora opositores, como Avanza País y Renovación Popular, que junto a Fuerza Popular han practicado el golpe al saco con la gestión del inefable Pedro Castillo. Como Boluarte no ha zanjado con el gobierno anterior, entonces, es fácil entender que no se trata de un apoyo a su administración, sino a la continuidad en el puesto del Legislativo.
Una veintena de muertes de ciudadanos y decenas de policías heridos tras enfrentamientos en las calles no parecen sonrojar a muchos, aunque no haya excusa que valga para los destrozos organizados por delincuentes comunes disfrazados de luchadores sociales. Hay que decirlo claro: las protestas no tienen la finalidad de limpiar al país de políticos corruptos, sino de elaborar una Constitución a su medida.
No sabemos si la batalla campal contra Boluarte y el Congreso continuará, pero el nuevo gobierno debe reaccionar y decidir si continúa dando concesiones o se porta como un protector de la institucionalidad.
