Así como el mundo tiene su foro político de nivel planetario, que es la Organización de las Naciones Unidas (ONU), -creada en 1945 y con 193 Estados miembros- y que cuenta con su instancia supranacional, que es la Corte Internacional de Justicia (CIJ), nuestra América también la tiene -la Organización de Estados Americanos - OEA, fundada en 1948 y con 35 países miembros-, y como la ONU, cuenta su tribunal, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

La CIJ (Sede en La Haya, Países Bajos, desde 1946) y la Corte IDH -Sede en San José, Costa Rica desde 1979), son órganos de litigación y judicialización con jurisdicción y competencia fuera de las fronteras nacionales, por eso se les denomina supranacionales, porque están por encima del derecho interno.

Ahora bien, en nuestro continente existe el denominado Sistema Interamericano de DD.HH., que no es otra cosa que el conjunto de normas jurídicas y otros mecanismos que de manera armónica estructuran el desarrollo de la protección de los derechos humanos.

Aunque el sistema tiene su génesis con la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, en 1948, la más importante de sus normas es la Convención Americana de DD.HH. (o Pacto de San José), que es un tratado -adoptado en 1969 y vigente desde 1978 y del cual el Perú es parte desde ese mismo año en que lo ratificó- y se refiere a derechos y libertades de las personas que los Estados deben respetar.

Los dos brazos u órganos del sistema son la Comisión Interamericana de DD.HH. (CIDH), con sede en Washington, que hace suya la defensa de las víctimas, y la ya referida Corte IDH., integrada por 7 jueces de los países del continente, que resuelven los actos contenciosos y emiten opiniones consultivas. No todos los Estado partes de la OEA lo son del Pacto, como es el caso de EE.UU.

Desligarse del Pacto por la denuncia (Art.78) -al año de formalizada la decisión soberana del Estado-, supone hacerlo automáticamente de la Corte IDH pero no de la CIDH pues la Comisión no depende del Pacto sino de la propia OEA. Finalmente, han denunciado el Pacto, en 1998 Trinidad y Tobago, y en 2012, Venezuela.