¿Organizaciones criminales?

Mucho se ha escrito con respecto a las graves falencias jurídicas que la lucha contra la corrupción ostenta en cuanto al uso y abuso de la prisión preventiva, ante lo cual existe hasta un fallo correctivo del TC, pero poco se ha argumentado sobre la otra gran laxitud de las denuncias fiscales: la que se refiere a la existencia de organizaciones criminales. 

La Ley 30037, emitida el 19 de agosto del 2013 para frenar el amplio abanico de delitos que asola al país desde hace años, buscó que el combate a estos delincuentes tenga herramientas más efectivas de investigación y, evidentemente, penas más severas. No obstante, en octubre del 2017, el fiscal José Antonio Castellanos abrió una puerta peligrosa al considerar que la investigación por lavado de activos que hacía sobre AGP calzaba en los parámetros de la Ley contra el Crimen Organizado. 

Abierta la rendija, el resto de fiscales pudo respirar con beneplácito las ventajas de esta figura delictiva forzándola, en algunos casos de manera ridícula, para implicar a casi todos los líderes de partidos políticos, y a los partidos mismos, seriamente involucrados en el caso “Lava Jato”. 

Lo que los fiscales, en complicidad con la Diviac, no le han dicho al país es que el paraguas de esta figura les permite las interceptaciones postales y de las comunicaciones, acciones de seguimiento y vigilancia, y el levantamiento del secreto bancario y la reserva tributaria y bursátil, entre otras ventajas comparativas para llevar adelante sus pesquisas. 

La última decisión de la Audiencia Nacional de España de excluir a César Hinostroza del delito de organización criminal es un bocinazo de alerta a la labor de los fiscales y la Diviac, tremendistamente avalada por jueces con el rigor extraviado. Evidenciaría, además, que el exceso se ha hecho regla y que es necesario evaluarlo para que no derrape en abuso y arbitrariedad, como cuando el fiscal José Domingo Pérez consideró bajo ese esquema a PPK, su chofer y su secretaria. 

Una red que inesperadamente varía sus funciones y las adecúa para cometer actos ilícitos debe ser sancionada como tal, y debe caerle todo el peso de la ley, pero tildarla de “organización criminal” parece uno más de los excesos que tanto le celebran al Equipo Especial.