Una vez más, los peruanos despertamos con la noticia de un allanamiento vinculado a un caso de corrupción en el círculo gubernamental. Esta vez, la vivienda del vocero presidencial, Fredy Hinojosa, fue intervenida por el caso Frigoinca, de Qali Warma, un escándalo relacionado con la entrega de alimentos enlatados en mal estado a escolares.
Hinojosa, quien en el momento de los hechos se desempeñaba como jefe del programa Qali Warma del MIDIS, es uno de los 14 investigados por su presunta participación en una red de corrupción.
Frente a estos hechos, la respuesta del ministro de Justicia, Eduardo Arana, genera una seria preocupación. Al cuestionar la labor del Ministerio Público y calificar de “politizado” el allanamiento, Arana envía un mensaje alarmante: en lugar de respaldar la independencia de las instituciones encargadas de combatir la corrupción, se opta por desacreditarlas públicamente. Sus declaraciones, que incluyen críticas a la Fiscalía por “meter a todos en el mismo saco” antes de investigar, siembran dudas sobre la voluntad política del Gobierno para enfrentar estos casos con la firmeza necesaria.
A esto se suma otro elemento inquietante: la demora en la promulgación de la ley que restituye la detención preliminar, un mecanismo clave para combatir redes criminales y garantizar la eficacia de las investigaciones. Las sospechas de que esta omisión deliberada favoreció a Hinojosa son inevitables.
