Pena de muerte

A raíz de los últimos casos de violaciones que han merecido la unánime condena de los peruanos, ha surgido nuevamente la muy remota posibilidad de que se reforme el Código Penal para que en algunos casos sea posible aplicar la pena de muerte a sentenciados por este grave delito. La idea ha surgido de la fujimorista Karla Schaefer y de la presidenta interina de la Comisión de la Mujer del Congreso, la oficialista Janet Sánchez, y sin duda el debate podría dar para largo.

No obstante, mientras se da este debate, que en mi opinión no llevará a la aplicación de la pena capital, sería bueno comenzar por reformar nuestro sistema judicial, que muestra tremendas incongruencias y hasta aberraciones que deben ser corregidas con la participación del Congreso, que es el responsable de las leyes con que deben trabajar los jueces y fiscales, que a su vez las interpretan y aplican como les da la gana.

Un Poder Judicial que mandó cinco años a la cárcel al entonces congresista José Anaya, conocido como “Comepollo”, por falsificar boletas de pago para quedarse con los viáticos que le daba el Congreso, pero que acaba de soltar a Guillermo Riera tras matar a tres jóvenes en la Costa Verde para luego huir del país, a fin de que afronte su proceso en libertad, muestra que las cosas están de cabeza. ¿Podrá aplicarse así la eventual pena de muerte?

Tenemos fiscales que durante años de años se la pasan investigando a narcos a los que les han incautado toneladas de cocaína, pero que no son capaces de formular acusación ante el Poder Judicial. Ahí están también los que, pese a las evidencias, tampoco logran denunciar a los miembros del Movadef que se pasean por las narices de todos los peruanos lanzando loas a Sendero. ¿Serán capaces estos señores de disponer la muerte de una persona por más indeseable que sea?

Antes de comenzar a pensar en la pena de muerte, es necesario tener un Poder Judicial y un Ministerio Público a la altura de las exigencias, no uno lleno de magistrados poco solventes o corruptos como los que suelen soltar asesinos, “marcas” y extorsionadores; mientras de otro lado mandan a la cárcel, en casos de corrupción, a “peces chicos” como una exjugadora de vóley, al tiempo que los “peces gordos”, como Alejandro Toledo, andan muy tranquilos en Estados Unidos.

P.D. Por vacaciones, esta columna no saldrá publicada hasta el lunes 13 de noviembre.