No nos equivocamos los medios de comunicación cuando, al asumir el cargo de presidente del Congreso en 2023, no solo consideramos que Alejandro Soto era un parlamentario indigno para el cargo, sino que se aprestaba a emprender una de las gestiones más desastrosas que recuerde el Legislativo.
Solo un personaje sin moral ni ética puede promover una ley que lo iba a beneficiar directamente, la cual fijó en un año el plazo máximo de suspensión de una prescripción. Ello libró a Soto de una condena efectiva de ocho años y ocho meses por los presuntos delitos de estafa y falsedad genérica por un juicio que le interpuso la empresa de transportes Waynapicchu en el Cusco. Por ese y otros hechos delirantes y abyectos que se le atribuyen, ahora no resulta inconsecuente que en su presidencia se haya gestado la presunta red de prostitución que solo en el área administrativa habría liderado el infesto Jorge Torres Saravia, pero que tenía un responsable político de más alto nivel.
No es casual que fuera Soto el que colocase a Torres Saravia en la jefatura de la Oficina Legal y Constitucional pese a que en el entorno de APP se conocía la grave denuncia de violación sexual. Pero Soto cree que desde su poder en el Congreso puede abusar de sus prerrogativas, proveerse de servicios exclusivos de toda índoles y hasta, por ejemplo, aprobar bonos inauditos como aquel de 20 mil soles para todos los trabajadores y que salen del dinero de todos los idiotas que pagamos impuestos. Esto, hay que decirlo por su nombre, es otro asalto a mano armada y un monumento a la inmoralidad. Pero Soto, en cuya gestión se aprobó este acuerdo, cree que el Parlamento es su chacra, su circo, su pensión.
