Fue Augusto Pinochet que, cuando fue dictador de Chile, mandó minar toda la zona de la frontera con Perú, en los años 70, en la idea de que nuestro país iba a invadirlos por Arica. Fueron más de 189,000 minas antipersonal y antitanque que por sucesivos deslizamientos, como sucedió últimamente en el 2013 por el desborde del río de la Quebrada de Escritos, también en Arica, hicieron mucho más difícil el acceso al área que se convirtió en un espacio altamente vulnerable. El herido peruano en la zona “Pampa Concordia” ha puesto al descubierto que el trabajo de desminado realizado en el 2014 por la ONG Norwegian Peoples Aid no ha resultado ciento por ciento seguro como fue prometido. La referida empresa trabajó durante dos meses llegando a localizar y a desminar más de 300 minas en un área de 67,000 m2, de las cuales cerca de 260 fueron antipersonal y el resto antitanque. La opinión pública cuestiona la falta de eficacia de una empresa ad hoc a la que Chile miraba con absoluta confianza. Resulta una ironía que el país que había sembrado minas de manera indiscriminada se encuentre próximo a presidir durante el 2016 la Convención de Otawa sobre prohibición del empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal, instrumento vigente desde 1994. Las minas están proscritas de los conflictos por lo que se tornan incompatibles con las normas del Derecho Internacional Humanitario. Por el penoso suceso de ayer, nadie puede asegurar que las minas hayan sido totalmente retiradas como fue anunciado reiteradamente por la Cancillería chilena. Cartillas de seguridad en la zona de frontera van y vienen, y los accidentes suceden, es verdad que esporádicamente, pero suceden y eso incrementa desconfianza, inseguridad y dolor. Ante la situación del peruano accidentado, Chile debería indemnizarlo con el objeto de que logre su plena recuperación.