La bancada de Perú Libre, liderada por el segundo vicepresidente del Congreso, Waldemar Cerrón, ha presentado un proyecto de ley que pondría en riesgo la independencia y la imparcialidad del sistema de justicia en el país. Esta iniciativa legislativa permitiría la presentación y procesamiento de denuncias por prevaricato contra jueces y fiscales en cualquier distrito judicial, en lugar de limitarse al lugar donde ocurrieron los hechos, como se establece actualmente.
La posibilidad de que esta propuesta encuentre apoyo entre congresistas con problemas judiciales o en bancadas cuyos líderes enfrentan procesos complicados es un peligro. La intención detrás de esta ley parece ser clara: hostilizar a jueces y fiscales, minando su capacidad para actuar con independencia y poniendo en entredicho la seguridad jurídica.
Más de un especialista ha señalado que este proyecto tiene como objetivo intimidar y presionar a los operadores de justicia, un movimiento que podría erosionar los cimientos de un sistema ya de por sí frágil. Los parlamentarios que impulsan esta iniciativa parecen olvidar que su papel no es el de ejercer poder sobre el sistema judicial, sino de respetar y fortalecer su autonomía.
Los congresistas deben recordar que su autoridad no es ilimitada. Pretender controlar a jueces y fiscales mediante amenazas veladas es un acto de arrogancia que socava el Estado de derecho.
