Esta semana debe haber sido una de las más determinantes en el juicio que se sigue a Pedro Castillo y a su camarilla golpista, pues el teniente general PNP (r) Raúl Alfaro, quien el 7 de diciembre de 2022 ocupaba la Comandancia General de la Policía Nacional, ha confirmado con total claridad que el entonces mandatario le ordenó cerrar el Congreso y retirar a todas las personas que allí se encontraban a fin de impedir su funcionamiento, y que detenga, sin orden judicial de por medio, a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
Esta versión ha sido ratificada por el entonces jefe de Estado Mayor y encargado de la Comandancia General, teniente general PNP (r) Vicente Álvarez, y por el también teniente general PNP (r) Jorge Angulo, quienes se encontraban en el despacho del comandante general, que en ese momento estaba con descanso médico por padecer de COVID-19, en el instante en que Alfaro recibió la llamada de Castillo a través del teléfono del ministro del Interior, Willy Huertas, coprocesado por la rotura del orden constitucional.
Castillo y sus abogados repiten una y otra vez que no hubo delito de rebelión porque el cabecilla del golpe no usó las armas para lograr su cometido. Bueno, se entiende que un jefe de Estado en ejercicio no toma directamente una pistola para usurpar el poder (quizá esto sí ocurría en el siglo XIX o inicios del XX), sino que da ordenes a quienes la tienen, en este caso los miembros de la Policía Nacional, para que cierren el Congreso y hagan detenciones arbitrarias por medio de la violencia, con el armamento que les da el Estado.
Lo que ha quedado claro esta semana es que Castillo dio un golpe de Estado y que para eso ordenó a sus subordinados el uso de las armas. ¿O es que alguien puede creer que el cierre del Congreso y la detención irregular de una fiscal de la Nación con escolta personal se iban a llevar a cabo en un clima de paz y cordialidad? Otra cosa es que los mandos policiales hayan actuado de acuerdo a ley, sin acatar la orden superior por ser absolutamente ilegal y reñida con los principios democráticos.
Castillo y su camarilla han cometido un golpe de Estado que también implicó que congresistas fueran impedidos de ingresar a la sede del Poder Legislativo por acción de policías que respondían a órdenes otros mandos sentados hoy en el banquillo de los acusados. La cosa es evidente, incluso para quienes están tratando de encontrarle la cuadratura al círculo para hacer creer a los peruanos que lo visto en televisión no fue un quiebre constitucional, sino una “proclama política” sin efecto en la realidad. ¡Por favor!
