A fines del año pasado, cuando Alejandro Narváez asumió como presidente de Petroperú luego de que nadie serio y responsable quisiera cargar con ese muerto sobre sus espaldas, el caballero que postuló al Congreso por el partido que lanzó a Verónika Mendoza dijo al país que en los próximos meses las cifras serían auspiciosas, que la estatal no estaba en una crisis tan grande como señalaban por los expertos y que no habría más pedidos de salvataje al Estado, que en ese momento ya le había dicho “no más”.

Bueno, los resultados del 2024 y los del primer trimestre del 2025 han sido, como se esperaba, un verdadero desastre, por lo que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, por razones netamente políticas e ideológicas, y no técnicas, se alista a dar un nuevo salvataje, aunque maquillado de otra manera a fin de evitar las críticas por este nuevo despilfarro destinado a mantener viva a una empresa largamente quebrada y que solo sirve para chuparse la plata de todos los peruanos.

Ya no se le dará plata fresca como antes, mucho escándalo. Ahora se buscará reestructurar y aplazar el pago de las deudas con el Estado (págame después, no te preocupes), pero lo más delicado es que en adelante Petroperú entraría al “régimen de garantía soberana”, lo que significa que se podrá endeudar aún más con la garantía del Estado (si no puedes pagar, que de hecho no vas a poder porque estás en la ruina, e incluso si quiebras, el Estado lo cubre con la plata de todos los peruanos).

El domingo último la presidenta Boluarte señaló que la minería informal había dejado un forado en las arcas públicas de 7 mil 500 millones de soles con lo que hubiera sido posible levantar colegios, hospitales, cárceles, comisarías y demás obra en beneficio del país. Quizá a la señora no le han dicho que la deuda total de Petroperú es de casi 7 mil millones de dólares y que un tercio son obligaciones con el Estado, montos que al final parece que terminaremos pagando todos los ciudadanos.

Petroperú con su vistoso edificio de San Isidro, su refinería de Talara que es gran parte del problema, su oleoducto subutilizado y otros activos en la selva, se mantiene en pie como un mal recuerdo de los tiempos antediluvianos en que el Estado tenía también el rol de empresario, cosa que hacía muy mal, pues compañías como las olvidables Electroperú, Compañía Peruana de Teléfonos y Minero Perú, entre muchas otras, solo se caracterizaban por sus gestiones ineptas y corruptas que nos han costado millones de millones.