Ayer se realizó el Foro “Unidos contra el crimen, estrategias para un Perú seguro” en nuestra capital. En este espacio, un grupo de empresarios entregó al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, algunas propuestas vinculadas a la lucha contra la delincuencia. En respuesta, el titular del Legislativo mostró su intención de declarar en emergencia a la Policía Nacional del Perú (PNP) por 120 días, permitiendo que el Poder Ejecutivo se encargue de dotarla de equipamiento y otros recursos. Como era de esperarse, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, respaldó de inmediato la iniciativa legislativa. Es evidente que para combatir la inseguridad ciudadana es necesario fortalecer a la PNP con armamento y otros servicios. De hecho, según una encuesta de Ipsos, el 48% de peruanos considera que se debe capacitar mejor a la policía para mejorar su desempeño. Sin embargo, hay una problemática igual de apremiante: la corrupción dentro de la institución. Por culpa de malos elementos, 7 de cada 10 ciudadanos desconfía de la PNP, y el 38% de la población evita denunciar ante una comisaría por temor a la corrupción policial. Estas cifras son demoledoras para una institución que debe estar en la primera línea de la lucha contra la criminalidad. Por ello, más allá de equipar a la PNP, es imprescindible llevar a cabo una revolución moralizadora que erradique la corrupción y restablezca la confianza ciudadana. Sin una transformación interna profunda, cualquier estrategia de seguridad estará condenada al fracaso.
