Es obligación del Estado implementar una política penitenciaria que permita la reeducación y reinserción social de los internos, además de aplicarles una sanción. Para su ubicación en diferentes establecimientos, los reclusos son calificados, asumiendo el Estado su seguridad y las de la infraestructura.
Algunos casos, sin embargo, cuestionan estos criterios básicos en cuanto a seguridad penitenciaria. El expresidente Martin Vizcarra, con 5 meses de prisión preventiva por supuesto tráfico de influencias agravado, peculado doloso apropiación para terceros, negociación incompatible y obstrucción a la justicia, inicialmente fue colocado en Barbadillo y luego trasladado a Ancón II, para retornar a Barbadillo tras las protestas por el maltrato sufrido.
Tanto el expresidente Pedro Castillo, Betssy Chávez y otros coacusados enfrentan un proceso por supuestos delitos de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública, aunque sostenemos que deberían ser juzgados por tentativa de un delito imposible, y que carecían de fuerza alguna para cumplir sus supuestos fines.
Chávez se mantiene en huelga de hambre solicitando su traslado de la prisión de mujeres de Chorrillos por razones de seguridad tras meses de internamiento.
Tanto Vizcarra como Chávez deben ser encarcelados en un centro penitenciario que les brinde la seguridad necesaria. Las prisiones no tendrían que ser espacios de ensañamiento porque, aún presos, merecemos trato digno.
Los expresidentes detenidos en Barbadillo están allí por razones de seguridad, y Chávez debe ser trasladada a un penal que le brinde garantías más aún, tratándose de una extitular del Consejo de Ministros.
