La única explicación posible a que el Poder Ejecutivo insista en aplicar la pena de muerte para casos de violación con consecuente muerte de víctima menor de edad, para lo cual incluso se han llevado a cabo audiencias en algunas ciudades del país, es que están tratando de levantar una cortina de humo frente a problemas más graves, y de paso hacerle creer a los incautos que este gobierno tiene los pantalones bien puestos y que no le temblaría la mano para mandar al paredón a cualquiera de estos engendros.
Para empezar, el de la presidenta Dina Boluarte es un gobierno de salida y además muy débil que jamás va a tener el tiempo ni el músculo necesario para alejarnos de pactos internacionales y de hacer los respectivos cambios constitucionales, al Código Penal y a la legislación vigente, a fin de sacar de la superficie de la tierra a violadores y asesinos de menores que en mi opinión, al igual que la de la mayoría de peruanos, es que no merecen vivir.
Sin embargo, una cosa es querer, otra que se pueda y otra muy distinta es tomarle en pelo a la gente con el trillado recurso de sacar del cajón la propuesta de aplicar la pena de muerte, la misma que vengo escuchado en todos los años que tengo de periodista, que son muchos, sin que se haya aterrizado en nada concreto. Esta historia es tan vieja como la de implementar nuevamente la colonia penal conocida como el Sepa, reabrir El Frontón o que los internos trabajen haciendo pistas para que se ganen su comida. Puro cuento.
Además, si este gobierno no es capaz ni de dar luz verde a la detención preliminar, lo que es lanzarle un salvavidas a gente con problemas con la justicia, qué se va a atrever a mandar al paredón a un ser humano por más despreciable que sea. De otro lado, el mismo Poder Ejecutivo se queja, con mucha razón, del trabajo de jueces y fiscales. Ante eso cabría preguntarse si no es necesaria una reforma integral del sistema de justicia, antes de permitir que los actuales magistrados dudosos tengan que decidir quién vive y quién no.
Antes de burlarse de los peruanos, la presidenta Boluarte y su premier Gustavo Adrianzén deberían preocuparse por asuntos más importantes como el de la inseguridad en las calles, que se ha salido de las manos hace tiempo. Ayer nomás han matado a balazos a un excongresista fujimorista de oscuro pasado, sin mencionar otros crímenes y extorsiones que ocurren a diario. El “debate” por la pena de muerte es hoy puro fuego artificial que no va a llevar a nada.
